La firma del convenio entre la Universidad Autónoma de Querétaro () y el Poder Judicial del estado para impulsar un Diplomado Especializado en Formación de Personas Facilitadoras en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias ocurre en un contexto donde la justicia tradicional enfrenta crecientes cuestionamientos por lentitud, saturación y falta de acceso efectivo para miles de ciudadanos.
Aunque autoridades universitarias y judiciales destacaron el fortalecimiento académico y la capacitación profesional en materia de mediación, conciliación y resolución pacífica de conflictos, especialistas consideran que el verdadero desafío será lograr que estos mecanismos alternativos no se queden únicamente en el discurso institucional ni en la generación de certificaciones.
En los últimos años, el incremento de conflictos familiares, civiles y mercantiles ha evidenciado la presión que enfrentan tribunales y juzgados en Querétaro, situación que ha obligado a impulsar esquemas que permitan despresurizar la carga judicial y reducir tiempos de resolución.
Durante el acto protocolario, la rectora de la UAQ, Dra. Silvia Amaya Llano, sostuvo que el nuevo contexto jurídico exige perfiles con sensibilidad social y capacidad de construir acuerdos; sin embargo, abogados litigantes y usuarios del sistema judicial han señalado en diversas ocasiones que la conciliación todavía enfrenta barreras culturales, burocráticas y de confianza ciudadana.
Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial, Dr. Braulio Guerra Urbiola, afirmó que fortalecer los mecanismos alternativos representa una apuesta estratégica para construir paz social. No obstante, el reto de fondo continúa siendo garantizar que dichos procesos sean realmente accesibles, transparentes y eficaces para la ciudadanía, particularmente en conflictos donde históricamente prevalecen desigualdades económicas o legales entre las partes.
El diplomado impulsado por ambas instituciones buscará formar perfiles especializados tanto para el sector público como privado, aunque analistas consideran que la capacitación deberá ir acompañada de políticas públicas sólidas, seguimiento institucional y resultados medibles que permitan evaluar el verdadero impacto de la justicia alternativa en la reducción de conflictos y la recuperación de confianza en las instituciones.
La colaboración entre la academia y el Poder Judicial abre una nueva etapa de profesionalización, pero también coloca sobre la mesa el debate sobre la capacidad del sistema judicial queretano para evolucionar hacia modelos más ágiles, humanos y eficientes frente a una sociedad que exige respuestas más rápidas y efectivas.
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