San Juan del Río, Qro. — La discusión sobre el uso de los recursos destinados a seguridad pública en San Juan del Río llegó al Cabildo luego de que tres regidores solicitaran una revisión especial al ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente a 2025 y 2026.
La iniciativa, presentada por Vania Camacho Galván, Oscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto, fue turnada el pasado 5 de agosto a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. El planteamiento busca que las áreas municipales responsables del gasto y el Órgano Interno de Control entreguen información detallada sobre la planeación, contratación y aplicación de estos recursos.
El punto que concentra la atención es una diferencia de 27.9 millones de pesos relacionada con un techo financiero de 32.7 millones de pesos aprobado para la adquisición de luminarias. De acuerdo con la información presentada por los promoventes, únicamente fueron identificados procedimientos de contratación por 4.8 millones de pesos, por lo que solicitan aclarar el destino del monto restante.
Más allá de la cifra, el planteamiento pone sobre la mesa la necesidad de determinar si se trata de recursos todavía no ejercidos, registrados bajo procedimientos distintos, aplicados a otros conceptos o, en su caso, de una deficiencia en la documentación disponible para justificar su utilización. La iniciativa, por sí misma, no acredita un desvío de recursos, sino que solicita una revisión formal para esclarecer las diferencias señaladas.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la forma en que se realizaron algunas contrataciones. Los regidores sostienen que detectaron operaciones fragmentadas para servicios que tendrían un mismo propósito, entre ellas contratos de seguridad privada para inmuebles municipales por un monto acumulado de 9.3 millones de pesos durante 2025.
También se plantea revisar adquisiciones de combustibles y medicamentos, así como un contrato superior al millón de pesos relacionado con un programa de apoyo policial. En este último caso, los promoventes cuestionan la justificación utilizada para realizar la adjudicación directa y piden conocer sus resultados y efectos medibles.
El análisis adquiere mayor relevancia por el tamaño del fondo. Para 2026, los regidores señalan un FORTAMUN de 327.8 millones de pesos, recursos que tienen entre sus principales destinos el fortalecimiento de las capacidades municipales, incluida la seguridad pública.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar si determinadas compras fueron legales o no. También abre una pregunta sobre las prioridades del gasto público: cuánto se está destinando directamente al fortalecimiento de la corporación preventiva, cuánto se canaliza a servicios externos y qué resultados concretos obtiene el municipio a cambio de esas contrataciones.
La iniciativa propone que, si es aprobada por el Pleno, las secretarías de Administración y Finanzas entreguen en un plazo de 15 días hábiles expedientes, estudios de mercado y dictámenes relacionados con las contrataciones. Además, plantea revisar salarios, equipamiento y cobertura médica de los policías, así como realizar una auditoría especial por parte del Órgano Interno de Control.
También contempla remitir el expediente a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El siguiente paso será la revisión de la propuesta en las instancias municipales correspondientes y, eventualmente, su discusión ante el Cabildo. Ahí estará el verdadero alcance político y administrativo del planteamiento: pasar de señalamientos entre actores públicos a una revisión documental que permita establecer qué recursos fueron autorizados, cuáles fueron contratados, cuánto se ejerció y qué resultados produjo el gasto.
Por ahora, los señalamientos provienen de los regidores promoventes y deberán ser contrastados con la documentación oficial de las áreas municipales involucradas. La auditoría, en caso de concretarse, sería la instancia adecuada para determinar si las inconsistencias corresponden a problemas administrativos y de registro o si existen responsabilidades que deban ser investigadas.
La controversia coloca nuevamente el manejo de los recursos para seguridad pública en el centro de la agenda municipal, pero también plantea una exigencia que trasciende a cualquier grupo político: que cada peso destinado a fortalecer la seguridad pueda ser rastreado, justificado y vinculado con resultados verificables para la población.
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