Querétaro, Qro., 10 de octubre de 2026.— La propuesta de crear una llamada Ley Antilluvias comenzó a tomar espacio en la agenda legislativa de Querétaro, luego de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, abriera el Congreso del Estado al diálogo con productores agrícolas, ambientalistas y especialistas para analizar posibles regulaciones al uso de tecnologías que intervienen en los procesos de lluvia.
El planteamiento surge ante la preocupación de la asociación Nubes en Peligro, cuyos integrantes buscan establecer límites al uso de técnicas como el bombardeo de nubes y sustancias químicas empleadas para modificar las condiciones atmosféricas, prácticas que, sostienen, podrían tener implicaciones para el ciclo natural del agua y la disponibilidad del recurso hídrico.
Ospital Carrera señaló que el primer paso será escuchar a los distintos sectores involucrados y generar espacios de análisis que permitan construir una propuesta con respaldo técnico y social.
Por su parte, Armando Jesús Rivera Medina, representante de Nubes en Peligro Querétaro, expuso la necesidad de legislar para proteger el ciclo hidrológico y establecer controles sobre las tecnologías utilizadas para intervenir en la formación de precipitaciones.
Durante el encuentro, productores y ambientalistas coincidieron en la importancia de discutir posibles restricciones y sanciones para estas prácticas. Advirtieron que la preocupación no se limita al impacto ambiental, sino que también involucra la producción de alimentos y la disponibilidad de agua en la entidad.
En la reunión participaron la doctora Diana Patricia García Tello, coordinadora de la Maestría en Gestión Integral de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); el regidor síndico de Colón, Antonio Rodríguez Ávila, y Raúl Domínguez, presidente de la asociación Nubes en Peligro, con representación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.
El reto legislativo será convertir las preocupaciones expresadas en una propuesta sustentada en evidencia científica, que permita determinar qué prácticas requieren regulación, cuáles son sus posibles efectos y qué mecanismos de vigilancia serían viables.
Por ahora, el planteamiento se encuentra en una etapa de diálogo y análisis. La realización de foros y mesas de trabajo será clave para conocer los argumentos científicos, ambientales, agrícolas y jurídicos que podrían sustentar una eventual iniciativa de ley.
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