San Juan del Río, Qro.- La aprobación unánime de una auditoría interna al ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente a 2025 y 2026 colocó en el centro del debate político y administrativo a varias de las principales figuras del Ayuntamiento de San Juan del Río.
La iniciativa fue impulsada por los regidores de oposición Vania Camacho Galván, Óscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto, quienes promovieron una revisión exhaustiva de los recursos destinados a seguridad pública al señalar presuntas inconsistencias administrativas, diferencias presupuestales y posibles irregularidades en procesos de contratación.
Tras semanas de discusión, la propuesta consiguió el respaldo de la totalidad del Cabildo, obligando a las secretarías de Administración, Finanzas y Seguridad Pública a entregar información detallada sobre contratos, adquisiciones y aplicación de recursos federales en un plazo de quince días hábiles.
Entre los puntos que detonaron la exigencia de transparencia destaca una diferencia de 27.9 millones de pesos relacionada con proyectos de alumbrado público, además de cuestionamientos sobre adjudicaciones directas y contratos vinculados a servicios de seguridad privada.
Sin embargo, hasta el momento las observaciones forman parte de un proceso de revisión y no constituyen una determinación oficial sobre posibles responsabilidades. El propio presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, ha sostenido públicamente que no existe una acusación formal de desvío de recursos y que las diferencias detectadas podrían derivar de información incompleta o procesos administrativos que deberán aclararse ante las instancias correspondientes.
La relevancia del acuerdo trasciende el enfrentamiento entre gobierno y oposición. Lo verdaderamente importante será determinar si los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública fueron ejercidos conforme a la ley, si existieron fallas administrativas o si las diferencias señaladas pueden justificarse documentalmente.
La decisión del Cabildo también refleja una creciente presión ciudadana por conocer con mayor claridad el destino de los recursos federales. En un municipio donde la seguridad continúa siendo una de las principales demandas sociales, cualquier duda sobre el manejo del presupuesto adquiere una dimensión política y pública considerable.
El siguiente capítulo dependerá de los informes que presenten las dependencias municipales y de las revisiones que eventualmente realicen la Auditoría Superior del Estado de Querétaro (ASEQ) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismos a los que se prevé remitir la documentación derivada de la investigación.
Por ahora, la auditoría representa una victoria política para la oposición, pero también una prueba de transparencia para el gobierno municipal. El resultado final determinará si las observaciones planteadas se traducen en responsabilidades concretas o si terminan siendo aclaradas dentro de los cauces institucionales.
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