El Pleno de la LXI Legislatura del estado aprobó por unanimidad una iniciativa que impedirá que personas registradas como deudoras alimentarias puedan ocupar o permanecer en cargos dentro del servicio público en Querétaro.
La propuesta fue presentada por la diputada María Leonor Mejía Barraza y avalada con 24 votos a favor y ninguno en contra, mediante la adición del artículo 13 Bis a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Con esta reforma se establece que quienes tengan incumplimientos en materia de pensión alimenticia no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública estatal, municipal ni en organismos autónomos.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que la pensión alimenticia no debe verse únicamente como un asunto legal o administrativo, sino como una responsabilidad fundamental que garantiza el bienestar y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores que dependen de este apoyo para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud.
Mejía Barraza subrayó que el ejercicio del servicio público debe estar acompañado de congruencia y responsabilidad, por lo que quienes aspiren a representar a la ciudadanía deben cumplir primero con sus obligaciones familiares.
“El servicio público exige vocación y congruencia; no podemos pedir confianza ciudadana si quienes ocupan un cargo no cumplen primero con sus deberes más básicos”, expresó.
La iniciativa busca fortalecer la protección de los derechos de la niñez y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad parental, estableciendo que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias es incompatible con el ejercicio de funciones públicas.
La diputada destacó que la reforma no busca generar una sanción adicional, sino establecer un principio de coherencia ética dentro del servicio público, colocando en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Con esta aprobación, el Congreso de Querétaro refuerza las medidas para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares y promover que el servicio público se ejerza con integridad y compromiso hacia las familias queretanas.
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