• La importancia de esta iniciativa radica en que, en México, residen más de 15.1 millones de personas de 60 años o más, de las cuales el 47.7 por ciento vive en situación de pobreza.
El envejecimiento de la ciudadanía plantea nuevos desafíos para el Estado y la sociedad; entre ellos, la necesidad de proteger y garantizar derechos humanos de las personas adultas mayores frente a escenarios de abuso. Por ello, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) —a través de la Facultad de Derecho (FDe)—, en coordinación con la Fundación “Siempre Habrá un Milagro”, entregó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, actualmente en proceso de análisis legislativo.
El director de la FDe, Dr. Edgar Pérez González, señaló que este sector de la población padece con frecuencia situaciones de maltrato, abandono, despojo de bienes y discriminación, lo que los coloca en una condición de especial vulnerabilidad que demanda acciones institucionales firmes. Aseveró que, frente a esta realidad, la Fundación ha promovido mecanismos para sancionar a quienes vulneren estos derechos, mientras que la Unidad Académica fortaleció la propuesta por conducto del trabajo académico realizado con la Dra. Alba Aurora Olvera Bustamante, investigadora y catedrática de la FDe.
El Dr. Edgar Pérez detalló que si bien la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Penal Federal —junto con los códigos estatales— contemplan medidas de protección y sanciones, resulta imperativo fortalecer el entorno jurídico para garantizar una protección efectiva, integral y con enfoque de derechos humanos hacia las personas adultas mayores.
El también investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel Candidato, puntualizó que la iniciativa busca ampliar y perfeccionar el marco de infracciones y sanciones, además de actualizar el catálogo de conductas previstas en la ley, incorporando modalidades de violencia contemporáneas, como la violencia digital y aquella ejercida mediante tecnologías.
Asimismo, destacó que el planteamiento enfatiza la urgencia de establecer procedimientos efectivos para la restitución de derechos, al considerar que no basta con sancionar al infractor, sino que es indispensable reparar el daño causado y devolver a las personas adultas mayores lo que les fue afectado. Añadió que la reforma incorpora principios como el interés superior y la perspectiva del adulto mayor, enfoques ya aplicados en otros grupos poblacionales y que resultan esenciales para garantizar una protección integral y diferenciada.
Finalmente, subrayó que la relevancia de esta iniciativa radica en que, en México, residen más de 15.1 millones de personas de 60 años o más, de las cuales el 47.7 por ciento vive en situación de pobreza. Este grupo enfrenta problemáticas como despojo patrimonial, maltrato, abandono, exclusión social, discriminación y diversas formas de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial, económica y sexual; precisó que se le da seguimiento a este proyecto legislativo y confía en que su análisis derive en avances significativos para la protección de dichos derechos.
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